El Servicio Nacional de Aduanas, con apoyo de la Unidad Ozono del Ministerio del Medio Ambiente, recibe capacitación constante para hacer frente a esta problemática económica, sanitaria y ambiental.
En un contexto de creciente crisis climática, el tráfico ilícito de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) y de hidrofluorocarbonos (HFC), se ha convertido en una amenaza ambiental silenciosa. Estas sustancias, utilizadas comúnmente en equipos de refrigeración y climatización, son controladas por el Protocolo de Montreal y su Enmienda de Kigali, debido a su alto impacto en el calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono.
“A pesar de los acuerdos internacionales y calendarios de reducción establecidos, el comercio ilegal de estas sustancias persiste a nivel global, desafiando la capacidad de fiscalización de los países y poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia ambiental”, señala Marco Pinzón, coordinador del Protocolo de Montreal para América Latina de ONU Medio Ambiente.
Así lo confirma Gustavo Torres, experto internacional y consultor de ONU Medio Ambiente. “Tenemos casos detectados de tráfico ilícito en distintos países de la región. Si bien no son masivos, son lo suficientemente significativos como para preocuparnos. A medida que se restringe la disponibilidad legal de estas sustancias, aumenta la probabilidad de intentos de ingreso ilegal”, advierte.
Este tipo de tráfico incluye, entre otros, la falsificación de documentos aduaneros, el uso de etiquetas engañosas, la manipulación de cilindros y el ingreso de sustancias prohibidas bajo códigos arancelarios erróneos. La amenaza se acentúa en la medida que los países avanzan en sus calendarios de eliminación de HCFC y de reducción de HFC. En el caso de Chile, desde el año 2030 prohibirá la importación de HCFC y ya desde el año 2024 inició el cumplimiento de la Enmienda de Kigali, comprometiéndose a reducir en un 80% estas sustancias al año 2045.
Frente a este escenario, el rol del Servicio Nacional de Aduanas es fundamental, ya que es el encargado de controlar en frontera las importaciones y exportaciones de estas sustancias. Su labor es estratégica para el país, así como para la economía formal y la acción climática mundial.
“Los funcionarios de Aduanas deben estar capacitados y actualizados permanentemente. Estas sustancias no siempre son fáciles de identificar, muchas veces requieren conocimiento técnico y equipos especiales. Y su tráfico ilegal puede comprometer seriamente los compromisos ambientales del país”, explica Gustavo Torres.
En Chile, la Unidad Ozono del Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas, han desarrollado frecuentes capacitaciones técnicas para reforzar esta tarea y mantener capacitados al personal de todo el país.
Como coinciden los expertos, el éxito de los compromisos internacionales en esta materia, depende en gran parte de prevenir el comercio ilícito. “Estamos ante una amenaza que puede pasar desapercibida, pero que tiene consecuencias globales. Por eso, las aduanas, los ministerios, la industria y la ciudadanía deben actuar de forma coordinada”, concluye Gustavo Torres.